Luego de la desarticulación del INAI por un tema presupuestal y la creación de una secretaría a modo, integrada en el organigrama del gobierno federal se rompió la sinergia del respeto del derecho a saber en nuestro país, al menos en el estado de Querétaro y sus municipios, puesto que las unidades de transparencia a nivel municipal, lejos de mejorar, antepusieron una premisa, “Se acabó la transparencia en México”, por lo tanto, la consecuencia ha sido la mala práctica, la negligencia, la opacidad, y la falta de interés por transparentar.
Si bien el trabajo más sencillo es el “cumplimiento de publicación de la información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia” es una tarea que se nutre de la información que se reporta por parte de cada área depositaria de la información, aun cuando la información no esté completa o diste de haber tenido el mejor tratamiento administrativo desde su creación, es decir, desde la implementación de los planes operativos, planes de obra y así cada acción plasmada o no en un documento.
En la práctica el que más se acerca a la utilización de metodologías en materia de administración pública, así como al cumplimiento de los planes de desarrollo y todos los instrumentos que se articulan para el cumplimiento de las diferentes normativas, son los municipios de la zona metropolitana por su estructura sólida y robusta, no así los demás municipios, esto genera problemáticas entre la población por la falta de eficiencia en la implementación de los presupuestos, debido a que no se trabaja de manera eficiente, los recursos de las administraciones municipales representan el dinero que se debe invertir en la población a través de las diferentes áreas, y por cada una de esas mismas áreas existe una responsabilidad única de gastarlo de la mejor manera en beneficio de la población.
Trabajar mediante una metodología y apostarle por la tecnificación administrativa no ha sido línea de trabajo de varias administraciones, por lo que además de ser ínfimo su trabajo en beneficio de la población, la opacidad en materia de transparencia es una constante en el semidesierto y algunos municipios de la sierra gorda.
En este 2025 aumentó la solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y con ello las quejas por no cumplir con la entrega de la información por parte de los sujetos obligados, si bien hay muchos factores, uno de los importantes es la política interna que desde el titular del sujeto obligado ordena para no brindar información, independientemente si es por razones políticas o no, ya que los procesos administrativos de comprobación y rendición de cuentas son claros, el ejercicio del presupuesto, los recursos económicos no distinguen si son 10 pesos políticos o 10 pesos de inversión, al final son 10 pesos.
El problema radica cuando la operación no cuadra, cuando lo que se gastó no fue en lo adecuado, cuando se contrató al compadre, cuando no se pueden justificar los recursos públicos de manera clara, y ahí es donde está el problema, el dinero siempre se va a representar en números, y los números siempre seguirán siendo números, pero el lugar donde se gastaron o a quien se le otorgaron es y seguirá siendo el problema.
En la actualidad ningún partido puede ni podrá demostrar la claridad de sus finanzas ni tampoco estar al 100 por ciento libre de malas prácticas en el servicio público, esto debido a la falta de interés por hacer el trabajo que les corresponde, y hacer lo que creen que se debe hacer en el puesto donde los pusieron.
En este 2026, se prevé la homologación de la Ley de Transparencia, se sabe que ya está una propuesta en la legislatura del estado, las reformas son claras y debería sugerir la integración de secretarias anticorrupción tanto en el estado, como en los municipios, pero que trabajen de manera autónoma y se puedan cumplir altos estándares administrativos, de procesos y de resultados.
La implementación de la Ley de Archivo en el estado ha sido otro contratiempo que no está regulado por la falta de homologación de la ley en el estado de Querétaro, mientras los diputados buscan el aplauso de las masas a través del circo que montan cada sesión de pleno o juegan al teatro guiñol de parte del doctor, no les aplica el principio de proactividad, no trabajan para lo que se les contrato, pero si cobran sus 90 mil pesos de base.
La falta de interés de la población en temas de archivo, transparencia y anticorrupción, son obvios en una sociedad que se conduce bajo la ignorancia de estos conceptos, los derechos se tienen que ejercer, sino, pasa y seguirá pasando lo que nos deja este 2025, desde las instituciones se fragua la negativa de la información, lo que nos lleva a preguntarnos el ¿Por qué sigue la Farsa? Y pagan altos presupuestos a una INFOQRO que no cuenta con la capacidad de dar certidumbre a quien busca información, porque al final presume que la búsqueda de la información es “política” cuando la ley esta diseñada así, para que a quienes les interese saber qué hace el gobierno ejerzan su derecho, y no distingue si es hombre, mujer, extranjero o el adversario político, es decepcionante que en México la ley todo el mundo se la pasa por el arco del triunfo. Todos aquellos que este 2025 salieron a decir públicamente que “con base en la Ley de Transparencia y bajo los principios de publicidad y máxima publicidad” han sido los que menos información entregan, y nadie los cuestiona porque a la sociedad no le interesa lo que hace el gobierno, no se involucra y para fines prácticos todos son iguales, una realidad
