- La Diputada Federal del PAN por el 1er Distrito de Querétaro, Sonia Rocha Acosta, firmó la iniciativa de ley para que el gobierno federal implemente un Ingreso Mínimo Vital de Emergencia.
Querétaro, Qro. De acuerdo a la propuesta realizada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional (GPPAN), este ingreso podrá activarse cuando se declare una emergencia sanitaria o climática y será entregado a las personas que hayan sido afectadas directa o indirectamente en sus ingresos.
“Este apoyo deberá ser temporal, por un periodo mínimo de 30 días y máximo de 90 y su monto será determinado conforme a la línea de bienestar definida por el Coneval”, explica la iniciativa a la letra.
Las reglas de operación para la entrega de este recurso estarán a cargo de la Secretaría de Bienestar, las cuales deberán expedirse máximo treinta días naturales después de que una emergencia sea declarada.
La iniciativa pretende reformar los artículos 8 y 25 de la Ley General de Desarrollo Social.
“Toda persona que viva en una situación de emergencia extraordinaria por causas sanitarias o climáticas tiene derecho a recibir un apoyo temporal”, sería la redacción propuesta.
Cabe destacar que los recursos para esta propuesta serían previstos en un Fondo de Contingencia Social como respuesta a fenómenos económicos y presupuestales imprevistos que sería contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin embargo en caso de emergencia extraordinaria por causas sanitarias o climáticas, este fondo podrá recibir presupuesto extraordinario para financiar un ingreso mínimo vital de emergencia.
La legisladora destacó que durante la contingencia por coronavirus, estados como Querétaro ya han puesto el ejemplo de este tipo de medidas, al implementar programas como “Querétaro Fuerte”, que destinó una bolsa de 240 millones de pesos para distribuir entre la población que perdió su empleo o fuente de ingresos durante la pandemia.
A nivel mundial, los gobiernos de países como Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y España han adoptado medidas semejantes para hacer frente a los efectos catastróficos derivados de la pandemia de Covid-19.