México. Pese a las advertencias y recomendaciones de la sociedad civil, organismos y tribunales internacionales sobre el riesgo que representa en materia de los Derechos Humanos, la creación de la Guardia Nacional, el diputado federal por Acción Nacional, Marcos Aguilar Vega, afirmó que la bancada del PAN, dejó constancia en la pasada sesión del Congreso de la Unión, sobre las consecuencias negativas sobre la creación de dicho cuerpo militar.
Asimismo recordó que en el presente mes se realizaron foros de discusión acerca de la Guardia Nacional. Entre los participantes, se contó con intervención del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien señaló, entre otras cosas, que “no se garantiza que no habrá violaciones graves a los derechos humanos con la fusión de las fuerzas armadas”.
Aguilar Vega también se refirió al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien calificó de “delicado y grave” que el mando y adscripción de la Guardia Nacional esté en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Además hizo referencia que el pasado 20 de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó que el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional por desaparición forzada, así como falta de investigación y esclarecimiento de los hechos ocurridos en el 2009 en el ejido Benito Juárez de Buenaventura, Chihuahua, que involucran a militares que participaron en el Operativo Conjunto Chihuahua.
Asimismo el diputado federal del PAN, enfatizó que los jueces del tribunal regional recordaron que desde 2010 hay una manifiesta preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación con México por el creciente número de denuncias de violaciones a las garantías individuales por parte de elementos castrenses.
Aguilar Vega, mencionó que la Corte reafirmó que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben de estar reservados a los cuerpos policiales civiles, y que cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser extraordinaria de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso.
Además debe ser subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus tareas puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial; y regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, afirmó Aguilar Vega.
