Realizan mesa de análisis sobre Ley General de Humanidades,
Ciencias, Tecnologías e Innovación
- Los académicos que participaron en la exposición de opiniones provienen de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El noticiario Presencia Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), que se transmite por los medios universitarios, convocó a una mesa de análisis en torno a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, y que involucra a las Instituciones de Educación Pública, Centros de Investigación, científicas y científicos, así como a los encargados de la generación de conocimiento.
Los académicos que participaron en dicha reflexión –de manera virtual- fueron: Dra. Brenda Valderrama Blanco, investigadora con Doctorado en Investigación Biomédica Básica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Dr. José Luis Solleiro Rebolledo, investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnológica de la UNAM; y Dr. David Romero, investigador titular del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, campus Cuernavaca, Morelos.
En este sentido, la Dra. Valderrama Blanco consideró que dicha Ley, de ser aprobada como se propone, da un golpe al sistema científico mexicano al buscar desaparecer el criterio de calidad y mérito para la asignación de los recursos.
“No creo que haya manera de mejorar la iniciativa, tiene tantos errores de fondo que no hay manera de decorarla y corremos el riesgo de generar un engendro, para mí, lo mejor sería borrón y cuenta nueva, crear una nueva con mesas de trabajo, que se abran los micrófonos y que se permita la participación”, comentó.
A decir de la investigadora, debe abrirse un consenso como el que se desarrolló para la creación de la Ley General de Educación, la cual, debido a la escucha de todas las voces, se aprobó por unanimidad.
“Queremos que La ley de Ciencia tenga ese mismo camino, que sea todas las fracciones políticas que participen, pero también todos los actores y sectores que son impactados por esta ley”, refirió.
Por su parte, el Dr. José Luis Solleiro Rebolledo, abordó algunos aspectos importantes que contempla dicha iniciativa de Ley y que son preocupantes, como son: la asignación de recursos y la propiedad intelectual.
En el caso de la asignación de recursos, explicó que en dicha Ley se contempla el financiamiento a proyectos aun cuando estos no tengan fundamento, cuando, anteriormente, el dinero se otorgaba de acuerdo con reglas de operación de los diferentes fondos operados por el Consejo de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
“En esas reglas hay una claridad sobre el procedimiento que hay que seguir, y esto implica la evaluación de la calidad de las propuestas, hay mérito científico y tecnológico”, destacó.
Respecto a la propiedad intelectual, dijo, es también preocupante, ya que se establece que todo proyecto que reciba recursos públicos a través del Conacyt, la propiedad de los resultados le corresponderá al Consejo.
“Esto es una cuestión terrible. El Consejo asume que por darte un apoyo parcial adquiere la propiedad de los resultados, entonces tendremos una gaveta con documentos de patente que no le servirá a nadie y la inversión pública quedará archivada sin generar beneficios ni económico, ni en lo social”, afirmó.
En su intervención, el Dr. David Romero dijo que la iniciativa de Ley que se plantea presenta graves deficiencias, por lo que destacó la importancia de la participación de todos los sectores de la investigación para la estructuración de una mejor legislación en el tema.
“No hacerlo de una manera participativa creo que es uno de los grandes defectos de la ley; fuimos consultados, pero muchas de las opiniones no fueron atendidas en la iniciativa. La obligación de los legisladores es establecer una ley que tenga horizontes para tener un mejor país, tener los beneficios de la ciencia para toda la sociedad mexicana (…) que sea útil para todos los habitantes del país y no solo para el gobierno en turno”, consideró.
Destacó que una situación preocupante en esta propuesta de ley, es cómo se está concibiendo la gobernanza en el tema de ciencia y tecnología, al cambiar un Consejo General por una junta de gobierno, en la cual ya no participarían instituciones de Educación Superior, sus representantes o investigadores.
“Lo que existe es la participación de 13 secretarías de estado y aparece entre esa lista la Secretaría de Marina y de la Defensa, y eso preocupa, adicionalmente, se plantean representantes que serán elegidos por la dirección del Conacyt, portavoces del sector privado, académico, pero son a discreción del país. Se establece una agenda nacional, pero no hay una participación de las diferentes partes, no a un nivel decisivo, si acaso a un nivel consultivo que no es vinculante”, afirmó.
De igual forma, consideró que el Sistema de Centros Públicos de Investigación, que dependen del Conacyt, se enfrentan a una amenaza con esta iniciativa, ya que, dentro la ley, se les están asignando nuevas responsabilidades, al estar sus investigaciones orientadas a la solución de problemas nacionales, lo que dijo, rompe la libertad de investigación y de autonomía.
“Varios aspectos de la ley son discriminatorias, en particular, hacia investigadoras e investigadores que están en instituciones privadas, ya que, en diferentes puntos de la ley, se establece que los centros podrán ser financiados si atienden a las prioridades nacionales, pero solo en segundo papel con respecto a las instituciones públicas”, afirmó.
