- Así lo advierte y señala diputada panista que además asegura que el Presidente López Obrador pretende desaparecer el Seguro Popular.
Querétaro. Continúa la incertidumbre laboral para el personal de institutos y hospitales, la cancelación arbitraria de obras de infraestructura, el desabasto de medicamentos e insumos, retrasos en los programas de vacunación, en consultas y en cirugías.
Ahora el Presidente López Obrador pretende desaparecer el Seguro Popular, sistema de salud que atiende a más de 53 millones de mexicanos, la gran mayoría, en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Sin conocimiento preciso e invocando a la tan socorrida excusa de este gobierno, «corrupción y robo», se anuncia de manera casi improvisada la cancelación del Seguro Popular, que a 15 años de haber sido implementado, ha alcanzado la cobertura universal de más 53 millones de personas en este lapso, con 4 veces más afiliados que el ISSSTE. Además de que diversas evaluaciones nacionales e internacionales lo consideran un éxito, su enfoque de aseguramiento, garantiza el acceso a un paquete de servicios esenciales de salud y un paquete de intervenciones de alto costo.
Los recursos del Seguro Popular hoy se fijan por Ley, de manera transparente, en función del número de afiliados para garantizar la atención a todos los mexicanos que no cotizan, y cada Estado del país recibe un cierto monto de recursos por persona afiliada. Este sistema permite que cada año el presupuesto para salud sea constante.
Pero el presidente pretende utilizar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, pieza evidentemente clave del Seguro Popular, para crear el nuevo Instituto. Esto no es solo grave, es ilegal ya que dichos recursos se encuentran en una de las cuentas del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud creado en la Ley General de Salud en 2004, para transferir a las entidades federativas recursos en función de las necesidades de tratamientos y medicamentos asociados de las personas que presentan padecimientos de «alta especialidad» que son graves, complejos y costosos, entre ellos cáncer, diabetes y SIDA. Hoy este fondo incluye 330 enfermedades, casi el 80% de las necesidades reales de eventos de salud catastróficos en el México más pobre. No se pueden usar para otro fin.
El fondo suma poco más de 80 mil millones de pesos. Hoy financia cerca de 50 mil intervenciones anuales, 93 mil pacientes que reciben tratamiento antirretroviral para el VIH, todas las vacunas del neumococo y rotavirus para infantes cuyos padres no tienen seguridad social, y mucho más. Pero parece que se ha convertido en el botín del cual la cuarta transformación pretende apropiarse para gastar a su antojo, sin importar que sean las reservas solidarias que el Estado y los mexicanos más pobres pudieron construir para enfrentar las enfermedades que más empobrecen a las familias.
Una sociedad democrática demanda que esta reforma se ponga en amplio debate, pues impacta gravemente el futuro de nuestro sistema de salud que ha acelerado una franca decadencia en lo que va de esta administración.
