Durante años, como Ingeniero Químico Ambiental he seguido de cerca los esfuerzos por atender la crisis hídrica en Querétaro. En un principio, el proyecto Sistema Batán me pareció una solución ambiciosa, necesaria y técnicamente prometedora. Me entusiasmó la incorporación de tecnologías avanzadas como los biorreactores de membrana (MBR) y la ozonificación, así como la idea de cerrar el ciclo del agua mediante su tratamiento y reutilización. Desde la lógica normativa, el planteamiento parecía incuestionable: cumple con lo estipulado en la NOM-001-SEMARNAT-2021, la NOM-003-SEMARNAT-1997 y la NOM-127-SSA1-2021.
Sin embargo, conforme profundicé en el estudio de los sistemas de tratamiento de agua y realicé mi tesis de posgrado, la perspectiva cambió. Una de las conclusiones más relevantes a las que llegué fue que las normas oficiales mexicanas en materia de contaminación están desactualizadas frente al avance de la ciencia y la complejidad de los nuevos riesgos ambientales. En particular, no contemplan los llamados contaminantes emergentes: antibióticos, hormonas sintéticas, microplásticos, fármacos, residuos de cosméticos, pesticidas o metales traza de origen industrial y agrícola.
Estos compuestos no son eliminados por completo en los procesos convencionales ni en muchos de los llamados “avanzados”. Su persistencia ha sido ampliamente documentada en estudios recientes en México (González-Cervantes et al., 2023; Reynoso et al., 2023), donde se demuestra que, incluso tras procesos complejos de tratamiento, permanecen trazas significativas de estos contaminantes en el agua. Lo más preocupante es que muchos de ellos actúan como disruptores endocrinos o neurotóxicos, con efectos bioacumulativos y de aparición tardía.
Aquí es donde el discurso técnico debe dar paso a la ética pública. Porque aunque desde una lectura superficial el Sistema Batán «cumpla» con la norma, la realidad es que esa norma ya no cumple con la protección de la salud. El riesgo no es menor si consideramos que el agua que se potabilizará proviene de fuentes domésticas, industriales y agrícolas, cargadas de residuos potencialmente peligrosos que no serán regulados, monitoreados ni eliminados por completo. En este escenario, la población más afectada será la niñez.
Es bien sabido que las niñas y niños presentan una vulnerabilidad biológica muy superior a la de los adultos: su sistema inmunológico está en desarrollo, sus órganos están en formación, y consumen más agua por kilogramo de peso. Estudios internacionales (Trasande et al., 2018; WHO, 2017) han vinculado la exposición infantil a contaminantes emergentes con alteraciones hormonales, neurológicas, metabólicas e incluso una mayor incidencia de enfermedades crónicas. En México, también se ha documentado cómo la exposición a metales pesados como el plomo ha tenido impactos desproporcionados en la infancia, incluso en concentraciones consideradas “aceptables” para adultos.
Es aquí donde el principio del interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4º constitucional y en la Convención sobre los Derechos del Niño, debe operar como límite inquebrantable. No se puede legislar ni aprobar infraestructura pública bajo criterios de costo-eficiencia, si ello representa un riesgo razonable para la salud infantil. La duda científica debe traducirse en acción política precautoria. En este caso, ello implica frenar el Sistema Batán hasta que existan garantías de monitoreo, transparencia y actualización normativa.
No basta con invertir en tecnología de tratamiento si no se invierte también en ciencia, regulación y vigilancia. Considero que Querétaro merece soluciones innovadoras, sí, pero nunca a costa de sus infancias. El agua potable debe ser segura, no solamente legal.
Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz Arturo Maximiliano García MAX Andrea Tovar Claudia Gayou Eric Silva Hdez Sully Mauricio Sixtos. Homero Barrera Dr. Gilberto Herrera Ruiz Paul Ospital Ulises Gomez de la Rosa Rosalba Vazquezz Blanca Benítez María Eugenia Margarito Vázquez Güero Inzunza Legislatura Querétaro
autor: Saul Acevedo