Convocan a movilización el 8 de marzo en Querétaro para exigir derechos, justicia y financiamiento para colectivos feministas.
El colectivo Feminismo para Todas MX anunció la realización de la séptima marcha feminista en Querétaro, a celebrarse el próximo 8 de marzo con convocatoria a las 2 de la tarde para salir a las 4 pm. Como precursoras de esta movilización en el estado, las integrantes del movimiento señalaron que este año su principal exigencia es el reconocimiento de los derechos de las mujeres, el acceso a la justicia y la creación de presupuestos públicos para la atención de sus causas.
Durante la rueda de prensa, las organizadoras hicieron un llamado al gobernador Mauricio Kuri González, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de las Mujeres y al presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, para atender las demandas de las mujeres que luchan desde distintos espacios.
“Hoy más que nunca es necesario alzar la voz”, expresó Diana Chávez representante de este colectivo.
El colectivo denunció que, a pesar de los esfuerzos anunciados por las autoridades para frenar la violencia de género, las víctimas continúan enfrentando obstáculos para acceder a la justicia.
“Con los cambios en el gabinete hemos sido ignoradas, y nuestros esfuerzos parecen haber quedado en el olvido”, lamentaron.
Explicaron que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, refieren que en 2024 se iniciaron 5,567 carpetas de investigación por violencia familiar, 1,356 por violencia de género y 1,977 por delitos contra la familia en Querétaro.
Además de exigir un alto a la violencia institucional, las activistas denunciaron la represión y criminalización que enfrentan las mujeres indígenas y artesanas en el estado. En este sentido, recordaron que el pasado 5 de febrero enviaron un pliego petitorio a la presidenta de México, demandando medidas efectivas para garantizar sus derechos y erradicar la discriminación y el racismo.
Durante la conferencia, también se denunció la falta de acción por parte de las autoridades en casos de violencia infantil y violencia sexual en el ámbito escolar.
