El presente es un breve resumen de los puntos más importantes de la iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el estado de Querétaro, presentada el pasado 14 de enero de 2025 por el diputado Arturo Maximiliano García Pérez del grupo parlamentario de MORENA, desarrollada junto con integrantes de colectivos ciclistas, la Coalición QM21 y la Agenda Ciudadana. Destacar el interés del diputado ponente, quien la presenta honrando su palabra como parte de un compromiso firmado durante la reciente campaña electoral. Nuestro reconocimiento a él y a quienes desarrollaron esta iniciativa de Ley.
Una propuesta de ley urgente y necesaria, al tiempo que acorde al momento histórico que vivimos. El desastre en movilidad es evidente todos los días y es urgente tomar medidas radicales para devolver paulatinamente la ciudad a las personas, razón de ser de las mismas. Esta iniciativa pone el foco en lo más importante: la protección de la vida e integridad física de las y los usuarios del espacio público en Querétaro.
La ley cuenta con un glosario que la identifica como una legislación en movilidad del siglo XXI, al definir conceptos como acciones afirmativas, calles completas, gestión de la demanda, movilidad con perspectiva de género, movilidad activa y del cuidado, siniestro de tránsito.
Contiene artículos fundamentales como el séptimo: el sistema de movilidad debe contar con las condiciones que protejan al máximo la vida, integridad física y salud de las personas en sus desplazamientos por la vía pública. El objetivo de esta ley (art. 18) es la protección de la vida e integridad física de las personas al usar y disfrutar de la vía pública por medio de un enfoque de prevención que elimine la incidencia de lesiones graves. A partir de ahora (art. 16), los principios para el diseño y construcción de vialidades deben considerar la accesibilidad, buena calidad, diseño universal, eficiencia, inclusión e igualdad, movilidad activa, movilidad del cuidado, perspectiva de género, resiliencia, seguridad vial, transparencia y rendición de cuentas. Con esta ley (Arts. 19, 88, 89, 90) la prioridad en la planeación, diseño e implementación de las políticas públicas en materia de movilidad y seguridad vial deben favorecer a las personas, los grupos en situación de vulnerabilidad y estará determinada por los beneficios sociales y ambientales en términos de eficiencia en traslado de bienes y personas.
Es importante el nuevo enfoque de construcción de vialidades, de manera tal que deberán ser diseñadas (Art. 18) para tolerar el error humano y reducir al mínimo lesiones graves o muertes. También, con esta ley se evitará la revictimización de las personas asesinadas por automóviles ya que “la integridad física de las personas es responsabilidad compartida de quienes diseñan, construyen, gestionan, operan y usan la red vial”.
El artículo 63 pone en el centro de la discusión el presupuesto que garantice el derecho a la movilidad de todas las personas, con énfasis en la movilidad peatonal y activa, y no como ocurre actualmente donde se destina la mayor parte del dinero público en construir puentes, estacionamientos, bacheos, todo ello favoreciendo a los vehículos particulares en detrimento de la colectividad. Para ello (art. 64) deberá constituirse el Fondo de Movilidad Sostenible y Segura. para financiar programas y proyectos de movilidad sostenible.
Muy importante es el artículo 62 bis (duplicado por error en la propuesta), donde se establece que sean los causantes de las externalidades quienes paguen por ellas, así como los impuestos relacionados con la movilidad que serán progresivos. Un cambio de paradigma respecto de lo que tenemos: hoy sin importar que usemos el automóvil o no, pagamos por bacheos, vialidades y puentes vehiculares cuando esa movilidad es la más lesiva de manera colectiva: calles más peligrosas, aire enrarecido, contaminación auditiva son elementos que perjudican a todos, hagamos o no uso del automóvil, lo cual constituye una desigualdad inaceptable que busca ser disminuida con este artículo.
La propuesta de ley también incluye artículos (72, 77, 80) para que las y los ciudadanos tengamos información relacionada con la movilidad, bases de datos públicas sin necesidad de acudir a solicitudes de transparencia y acceso a la información: cuántos vehículos hay en la entidad, qué modelos, tipo de combustible. Multas, infracciones, licencias canceladas son datos que al día de hoy ignoramos, sin los cuales no podemos tomar buenas decisiones basadas en la información.
El artículo 85 busca recuperar la función intrínseca del espacio público: no sólo como se cree actualmente, el sitio donde realizamos los traslados; también debe ser un lugar habitable, disfrutable, un espacio también recreativo.
El artículo 93 está dedicado en exclusiva a la movilidad ciclista y las condiciones de seguridad que deben cumplirse para que este medio de transporte sea una alternativa real y sobre todo, segura para quien opte por utilizarle. El artículo 95, incluye la prohibición de seguir construyendo puentes antipeatonales y en su lugar, construir cruces a nivel de calle.
Los artículos 120-124 hablan de la educación vial, responsabilidad del estado para disminuir muertes y lesiones en la vía pública.
Echamos en falta algunos puntos que aún pueden incluirse en esta propuesta de ley de movilidad: el derecho al juego de las infancias en el espacio público. Lo que antes fue una extensión del patio de juegos de la escuela, se canceló en favor del traslado y guarda de vehículos. ¿Por qué? ¿En qué momento se decidió y quién lo avaló? Urge recuperar las calles para el disfrute de niñas y niños. También, hace falta una instancia especializada en víctimas de siniestros de tránsito, que ofrezca atención inmediata de tipo legal, médica, psicológica y económica a quien se vea involucrada en estos percances. Muy importante también, aunque sí se menciona, un mayor énfasis en la movilidad del cuidado y con perspectiva de género.
Advertimos como muy positiva la presentación de esta iniciativa. Sin embargo, a un mes de presentada, la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito presidida por el Dip. Enrique Correa Sada, con la Dip. Blanca Benitez Estrada como secretaria y el Dip. Mauricio Cárdenas Palacios como integrante, no ha dado un solo pronunciamiento acerca de esta propuesta. Todos los días hay percances de tránsito, con personas lesionadas y muchas de ellas fallecidas. ¿Por qué le importa tan poco a esta Comisión la vida de las personas, si luego de más de 120 días de iniciada la legislatura, no tienen actividades? ¿Qué clase de personas insensibles ante una diaria y dolorosa realidad tenemos en esa Comisión? ¿Seguirá sin ninguna consecuencia la rebeldía legislativa en el estado de Querétaro?
