- Asimismo, llama a las autoridades mexicanas a mantener la atención a las poblaciones afectadas y la preparación frente a los riesgos naturales, como temas prioritarios.
Ciudad de México. A un año del sismo del 19 de septiembre de 2017 y del precedente del 7 del mismo mes, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recuerda la importancia de integrar la dimensión de derechos humanos durante estas emergencias humanitarias y en los procesos de reconstrucción. Asimismo, la ONU-DH llama a las autoridades mexicanas a mantener como temas prioritarios la atención a las poblaciones afectadas y la preparación frente a los riesgos naturales.
A partir de los mencionados terremotos, la ONU-DH trabajó en coordinación con las distintas agencias de las Naciones Unidas en México para contribuir a la atención integral de las personas damnificadas. Asimismo, la Oficina documentó el proceso de atención a distintas poblaciones en la Ciudad de México y en los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, lo que permitió identificar varias lecciones aprendidas y necesidades pendientes.
Respecto a la fase de emergencia, la ONU-DH reconoce la gran muestra de solidaridad de la población y los esfuerzos desplegados por las autoridades. Al mismo tiempo, los acontecimientos también mostraron la necesidad de fortalecer la dimensión de derechos humanos en la respuesta a los desastres, sobre todo en términos de protección a las víctimas e información a las personas directamente afectadas, familiares y público en general.
“La dimensión de género también surgió como prioridad para futuros esfuerzos”, señaló Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México. “Esto incluye, por ejemplo, la situación de las trabajadoras domésticas, cuya localización fue más complicada por su estatus de informalidad laboral, y los riesgos que enfrentaron mujeres y niñas en los albergues. Asimismo, se necesita dar atención particular a los grupos en situación de vulnerabilidad”. El Representante destacó que las autoridades tienen la obligación de garantizar los servicios de salud, educación, agua y otros derechos económicos, sociales y culturales a las personas afectadas por los sismos y otros riesgos naturales.
En relación con la fase de reconstrucción, la ONU-DH enfatiza la necesidad de censos completos, transparencia en el uso de recursos y atención a las necesidades e impactos de corto, mediano y largo plazo. “Es fundamental garantizar que no exista ningún tipo de discriminación en la atención”, enfatizó Jan Jarab. “La atención no puede ser condicionada por la afiliación política, apoyo electoral o consentimiento ante ciertos proyectos. El sector empresarial puede tener un rol complementario fundamental en el apoyo después de los desastres, pero las autoridades no pueden transferir sus obligaciones a los entes privados.”
Las políticas y programas de reconstrucción requieren de la participación activa de las personas beneficiarias, quienes deben estar involucradas en su diseño, implementación y evaluación. Sólo así se puede reducir el riesgo de ineficacia, discriminación o corrupción en estos procesos. Dicha participación debe ser facilitada activamente por las autoridades por medio de información transparente, espacios de diálogo y el seguimiento a los compromisos adquiridos con las personas afectadas.
Los sismos de septiembre de 2017 afectaron especialmente a algunas de las poblaciones que presentan una situación de mayor vulnerabilidad y marginación en el país. “Los esfuerzos de recuperación no deben perpetuar la discriminación, la exclusión y la marginación. Debe garantizarse que la reconstrucción sirva para superar las condiciones pre-existentes y contribuya al pleno disfrute de derechos” recordó Jan Jarab. Además – dado el carácter indígena de muchas poblaciones afectadas – hay que garantizar que las medidas, por ejemplo, la oferta de vivienda, sean culturalmente adecuadas.
Asimismo, los esfuerzos de reconstrucción deben ir acompañados de acciones de prevención. México es un país que enfrenta numerosos riesgos naturales y el esquema de atención a los mismos debe incluir la reducción del riesgo, de acuerdo al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,[1] así como incrementar la preparación para hacerles frente, incluyendo la capacitación y formación de personal especializado y de la población en general.
La ONU-DH desea reconocer la labor de las personas, comunidades, instituciones y organizaciones que desde los sismos del 7 y el 19 de septiembre de 2017 se volcaron no sólo en la ayuda, sino también en la evaluación de la situación, la documentación de las deficiencias y el monitoreo de los esfuerzos de reconstrucción. “Es necesario que las autoridades de todos los niveles retomen efectivamente las denuncias y lecciones aprendidas señaladas por las personas afectadas y por las organizaciones. Los informes que con un gran esfuerzo se han realizado para evaluar la reconstrucción, el impacto de la corrupción urbanística, el posible desvío de ayudas y el impacto psicosocial de los sismos suponen un gran capital para el diseño de las acciones públicas que contribuyan a una sociedad más resiliente”, concluyó Jan Jarab.
Finalmente, la ONU-DH reitera que los daños que ocurrieron en septiembre de 2017 aún no están superados y que un número considerable de familias sigue en situaciones difíciles. En este contexto, la Oficina llama a todas las autoridades relevantes – federales, estatales y municipales, actuales y futuras – a redoblar los esfuerzos para garantizar la protección de los derechos humanos de todas y todos los afectados y expresar su solidaridad con las víctimas y el pueblo de México.
